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INICIATIVAS DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS

Normativa para regular las actividades de los Administradores de Fincas

Los Administradores de Fincas asesoran a las comunidades de propietarios administradores de fincasen la toma de decisiones sobre las materias relacionadas con la propiedad inmobiliaria y las representan ante las autoridades, los gobiernos vecinales de otras comunidades, ante inquilinos de pisos o locales y empresas contratistas, consideradas como “terceras partes”.

Cabe recordar que estos profesionales o despachos de abogados, además deben ocuparse de gestionar la conservación del patrimonio inmobiliario de sus clientes, gestionar el mantenimiento preventivo del inmueble que administran, revisar constantemente el funcionamiento de las instalaciones comunes de los copropietarios, garantizar la habitabilidad  de las edificaciones y plantear soluciones eficientes para el emprendimiento de obras que mejoren la calidad de vida de éstos.
Otra de sus funciones es coadyuvar en el apuntalamiento del desarrollo social de las comunidades y apoyar iniciativas que garanticen una mejor prestación de sus servicios en defensa de los derechos de los usuarios, en función de satisfacer el compromiso de gestión social que han adquirido con sus clientes.
Es por ello que los Administradores de Fincas colegiados, también consideran oportuno, la creación de una regulación específica para el desarrollo de sus actividades, que vaya más allá de las referencias caracterizadas en la Ley de Propiedad Horizontal vigente,  así como la obligatoriedad de contratar seguros que aporten mayores garantías para la conservación  del patrimonio de los copropietarios.

Iniciativas del Administrador de Fincas

En diversos artículos hemos tratado el tema del alquiler de inmuebles, calificándolo como el puntal para el desarrollo del mercado inmobiliario, percibiéndolo como un trampolín para el crecimiento de actividades productivas colaterales y, lo más importante, como la solución  para los ciudadanos que no pueden adquirir una vivienda propia.
En este artículo, abordaremos algunos aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuyo texto actualizado y publicado en junio 2013, establece “el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda”, aplicable también a los pisos, los locales, los trasteros, las plazas de garaje y “cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador”.
Asimismo, en el artículo 3 de la citada Ley, se disponen las normas que regulan el arrendamiento de pisos para usos distintos al de la habitabilidad, los arrendamientos de fincas rurales o urbanas convenidos por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los realizados para desarrollar actividades industriales, comerciales, artesanales, profesionales, recreativas, asistenciales, culturales o docentes.
Propuestas para impulsar la rehabilitación de edificios para alquiler

Representantes de Administradores de fincas han insistido en que es necesario impulsar el desarrollo del mercado inmobiliario para brindar mayor diversidad de opciones a los interesados en alquilar inmuebles. Es por ello, que recientemente, la Asociación de Administradores de Fincas Colegiados, ha planteado la ejecución de un Programa de Mantenimiento y Rehabilitación de edificios abandonados.

Esta organización, también ha propuesto la constitución de un fondo acumulativo para financiar los  proyectos de rehabilitación y mantenimiento de inmuebles para destinarlos al alquiler. Dicho fondo, puede ser subsidiado por el sector privado y hasta por las mismas comunidades, como ocurre con los Proyectos de “eficiencia energética, cuyas inversiones pueden llegar a pagarse con los ahorros obtenidos por las organizaciones participantes en la gestión de rehabilitación.
Según los representantes de Administradores de fincas estas propuestas, pueden complementarse con otros incentivos como: las deducciones fiscales, ya que en la mayoría de los casos, las viviendas soportan una gran carga fiscal, como son: los impuestos al valor agregado (IVA) y las tasas e impuestos municipales, los cuales pudieran ser deducidos del costo de las obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles.
Los citados profesionales consideran que sería pertinente crear una moderna normativa que estandarice los criterios sobre desarrollo urbanístico en todo el territorio español, para favorecer la publicidad sobre las disposiciones para la ejecución de obras de rehabilitación, ya que en la actualidad existe un “elevado número de normas que afectan a los edificios, conforme a las diferencias territoriales”, lo cual perjudica la publicidad de las mismas y su cumplimiento.
 
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