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LAS NEGLIGENCIAS

LAS NEGLIGENCIAS
La negligencia es una acción que no satisface los requerimientos técnicos operativos establecidos para la prestación de un servicio de cualquier naturaleza y que acarrea lesiones, daños o deficiencias directas o indirectas al beneficiario. Comúnmente, asociamos la negligencia al área médica y al incumplimiento de los parámetros mínimos o estándares de conducta básicos para enfrentar el caso de un paciente.NEGLIGENCIA

Sin embargo, la negligencia consiste en que cualquier persona que presta un servicio a otra, puede hacerlo en forma negligente al no satisfacer los estándares reconocidos para la prestación de los servicios, ocasionando daños que pueden ser observados en forma inmediata o en el tiempo.

En España, existe una amplia legislación que acompaña a las personas en sus reclamaciones ante la ocurrencia de negligencia y sus consecuencias, las cuales se fundamentan en la existencia de cuatro elementos básicos: la caracterización de un deber legal relacionado con la prestación del servicio ofertado, el fracasó en el deber cumplido por parte del proveedor del servicio, la comprobación del incumplimiento o negligencia por parte del proveedor y la presencia de lesiones o daños, traducido en pérdida física, económica o emocional.
SANCIONES CONTRA PROVEEDORES DE SERVICIOS QUE COMETEN SERVICIOS DE NEGLIGENCIA.
La prestación de un servicio acarrea responsabilidad ante el incumplimiento de los deberes asociados a la gestión del mismo y genera sanciones en los ámbitos: laboral, civil y penal. En caso de que la actuación de negligencia sea identificada como un delito o una falta grave, ésta  puede ser sancionada con la obligatoriedad de pagar una indemnización o hasta con la privación de la libertad del proveedor infractor.
 

Si consideras que tus derechos o bienes han sido afectados por un acto de negligencia en la prestación de un servicio público o privado, debes consultar a GONZÁLEZ BARRIO ABOGADOS un abogado especialista en la materia, para que te oriente sobre las acciones judiciales previstas el ordenamiento legal vigente con respeto a las sanciones relacionadas con actuaciones de negligencia por parte de prestadores de servicios y sobre las indemnizaciones correspondientes, según la ley.

En el ámbito administrativo relacionado con el ejercicio de las funciones de un empleado público, si éste actúa negligentemente, afectando a terceros o a la propia Administración pública, podría ser sancionado con el pago de las indemnizaciones que los ciudadanos afectados le soliciten al Estado, con su propio patrimonio y, además, de ser despedido de su puesto de trabajo o encarcelado, según la gravedad del daño ocasionado.
En el Título X de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común se regula la responsabilidad de la Administración; de las autoridades y del personal a su cargo en el ejercicio de funciones públicas. Igualmente se reconoce el derecho que tienes a ser indemnizado por la administración pública, si se lesionan tus derechos o bienes, siempre que el daño producido sea consecuencia del funcionamiento del servicio público.
Para que proceda la indemnización por parte de las administraciones públicas, es necesario que el daño ocasionado por la prestación del servicio involucrado, sea evaluado económicamente y que se establezca la responsabilidad patrimonial, en cuyo caso, los particulares podrán exigir a la Administración las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por el personal a su servicio.
LEGISLACIÓN QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS.
La Ley 30/923 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, entre otras, identifica la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas como “la obligación que tiene el Estado español de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de las administraciones”, lo cual supone la existencia de un daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la existencia de un derecho o interés protegido.
Asimismo, el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su Capítulo V sobre la “Protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios”, establece principios generales para las prácticas comerciales, instando al respeto por los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, en los términos establecidos en los distintos instrumentos legales vigentes.
 

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