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SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

La obras de supresión de barreras arquitectónicas

Es necesario que todos conozcamos el marco normativo cuando se trata de las obras de supresión de barreras arquitectónicas. Para esto la Ley de propiedad Horizontal vigente determina que tendrán carácter obligatorio y no necesariamente requerirán de acuerdo previo por parte de la Junta de propietarios para su realización, ya sea que vengan impuestas por las Administraciones Públicas o sean solicitadas por los propietarios que padezcan una discapacidad o en cuyo piso o local vivan o trabajen personas con discapacidad o mayores de setenta años.

La obligatoriedad en cuanto a la realización de estas obras tiene como propósito garantizar la accesibilidad de las personas que prestan servicios asistenciales o de voluntariado y facilitar el disfrute de los elementos comunes del inmueble a las personas con discapacidad o mayores de setenta años.

Ejemplos de obras de supresión de barreras son la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten el traslado de los propietarios o personas que vivan con éste en todas las áreas comunes del inmueble, tales como: piscinas, plazas, patios, entre otras o la comunicación de personas con discapacidad o mayores con el exterior que la Administración de Fincas debe tener en cuenta.

Las comunidades de propietarios frente a la necesidad de realizar obras de supresión de barreras arquitectónicas.

Aun cuando el desarrollo de estas obras puede ser solicitado por las administraciones públicas o las personas que se beneficiarán directamente de ellas, la LPH vigente establece que las propias comunidades de propietarios deben estar atentas para determinar cuándo se requiere realizar obras que garanticen la accesibilidad tanto a los propietarios afectados por una discapacidad o mayores de setenta años, como a las personas que presten servicios asistenciales o de voluntariado en el inmueble.

La ejecución de las obras para garantizar la accesibilidad estará condicionada por los resultados de la evaluación de las condiciones del inmueble y por su costo, ya que la Junta de propietarios no estará obligada a realizarlas cuando su costo exceda la cantidad correspondiente a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Sin embargo, la junta podrá establecer acuerdos cuando el costo de las mencionadas obras exceda las cuotas señaladas. Al respecto en el art. 17.1ª de la LPH se expresa claramente que si el costo de las citadas obras excede las doce cuotas de gastos ordinarios “será necesario el acuerdo comunitario, representado por el quórum de la mayoría cualificada o de la totalidad de los propietarios, no solo de los presentes a la junta, sino también de los ausentes que quedarán vinculados al acuerdo si no manifiestan su oposición en el plazo de treinta días naturales desde la notificación”.

Igualmente se indica por parte de la Administración de Fincas que en el caso de que el monto de ejecución de las obras de supresión de barreras supere las doce mensualidades y no se realice acuerdo por falta del quórum necesario, se podrá aplicar lo dispuesto en la Ley 15/95, que obliga a la Comunidad de propietarios “a contestar en el plazo de 60 días dando su consentimiento, manifestando su oposición razonada a la ejecución de las obras o proponer las soluciones alternativas que estime pertinente”.

Los propietarios con condiciones económicas deficitarias podrán vetar la realización de las obras.

Otro aspecto de la LPH vigente con respecto a la obligatoriedad de costear las obras destinadas a subsanar problemas de accesibilidad universal, es que no será de aplicación cuando la unidad familiar a la que pertenezca alguno de los propietarios, quienes formen parte de la comunidad, devengue ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM.

La Administración de Fincas indica que se establece como excepción “el caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, supere el treinta y tres por ciento de sus ingresos anuales”.

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